Nuevamente ha sido el abogado Pedro Aravena, asesor de la CUT y del Colegio de Profesores, quien ha recurrido a la Corte Suprema intentando desconocer los fallos que han dado la razón a los trabajadores. No es la primera vez que el abogado, representante de los dueños de El Siglo, acude a esta instancia en su pelea contra los trabajadores del semanario comunista. Ya cuando la Dirección del Trabajo (DT) dictó sendas resoluciones que obligaban a legalizar los contratos de estos trabajadores (que la empresa desconocía como forma de no validar la existencia del sindicato) Aravena recurrió al tribunal de alzada capitalino, instancia que dio la razón a los trabajadores, por lo cual llegó hasta la Suprema alegando que la DT no tenía atribuciones para decidir quién era o no trabajador dependiente de una empresa (argumento empleado a destajo por las grandes empresas para desconocer y anular a las organizaciones sindicales). En esa ocasión, la máxima instancia de la Justicia le dio la razón al representante del PC y obligó a los trabajadores a interponer una demanda en tribunales laborales para conseguir que se les reconocieran sus derechos, alcanzando los exitosos resultados ya informados.
OBSTRUYENDO LA JUSTICIA
En otros dos casos, el de Cristián Pavéz y Eliana Gómez, trabajadores despedidos ilegalmente que ganaron todas las instancias judiciales, el PC se negó a pagar las indemnizaciones correspondientes y la justicia debió recurrir al embargo de bienes de la Editorial Siglo XXI. Esta vez René Amigo, gerente de la empresa, ordenó dejar solamente un par de computadores viejos y dos escritorios en lo que supuestamente es el recinto donde funciona el periódico. Posteriormente, el tribunal intentó acceder a los fondos de la cuenta corriente de la empresa, pero había sido vaciada. Como una nueva medida por obtener el pago de la deuda, la justicia acudió al Servicio de Impuestos Internos para retener la eventual devolución de impuestos. Hasta la fecha, luego de varios meses de ocurridos estos hechos, el periódico El Siglo sigue eludiendo el pago de los finiquitos, sin que se muestre ninguna intención de llegar a algún acuerdo de pago con los afectados.
Aparentemente, para continuar obstruyendo la justicia, han trasladado la redacción del semanario al mismo Comité Central del PC, espacio en el que se escondieron también al inicio de la huelga legal asumida por el sindicato tras los primeros despidos en el año 2007, impidiendo incluso el ingreso de una fiscalizadora de la Inspección del Trabajo que intentaba comprobar el uso de rompehuelgas para mantener la publicación.
- Resumen (casi textual) de Trinchera de la Imagen.
